La economía sumergida en Ecuador es un fenómeno que ha persistido durante décadas, afectando a diversos sectores y comunidades en el país. Se refiere a las actividades económicas que se realizan al margen de la normativa legal y fiscal, lo cual incluye desde el pequeño comerciante informal hasta operaciones de considerables dimensiones que escapan al control estatal. En medio de la crisis económica global y las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, este sector ha cobrado aún más relevancia, pues muchos ecuatorianos recurren a él para subsistir.
La informalidad laboral es uno de los motores principales de esta economía oculta. Según un informe reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más de la mitad de la población económicamente activa en Ecuador se encuentra trabajando en condiciones informales. Este dato pone de manifiesto la urgencia de implementar políticas efectivas que promuevan la formalización del trabajo.
No obstante, el impacto de la economía sumergida en el país no es únicamente negativo. En algunos casos, ofrece una válvula de escape para aquellos que, por diversas razones, no pueden integrarse al mercado formal. Microempresarios que producen y comercializan su mercancía sin trámites burocráticos generan un dinamismo que podría ser aprovechado si se les brindaran las herramientas adecuadas para integrarse al sistema formal.
Sin embargo, la falta de regulación implica también problemas sustanciales en términos de derechos laborales y acceso a seguridad social. Miles de trabajadores en situación informal carecen de protecciones básicas, quedando a merced de empleadores que, en ocasiones, aprovechan esta precariedad.
El estado ecuatoriano ha intentado, a lo largo de los años, abordar esta problemática con una serie de medidas, aunque con resultados mixtos. Iniciativas como la creación de incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas promoviendo la formalización han sido implementadas. Sin embargo, el déficit en infraestructura y la excesiva burocracia siguen siendo barreras considerables para los emprendedores.
En medio de este panorama, las voces de economistas y analistas coinciden en que se requiere un enfoque integral: la implementación de políticas públicas que por un lado faciliten el ingreso a la formalidad y, por otro, reduzcan los altos costos operativos. Esto, sumado a la capacitación y el acceso al crédito, podría ofrecer un puente hacia la regularización de diversas actividades económicas.
En paralelo, es fundamental fortalecer los mecanismos de control y sanción para aquellos que se beneficien de actividades ilegales bajo el paraguas de esta economía sumergida. De lo contrario, el círculo de informalidad y evasión continuaría perpetuando una estructura económica desigual.
En conclusión, la economía sumergida, aunque presenta desafíos intrínsecos, también ofrece oportunidades al potencial sin explotar de miles de ecuatorianos por ser parte de un mercado laboral estable y seguro. Las futuras políticas deberían tener como objetivo esencial no solo la reducción de la economía informal, sino la inclusión efectiva y sostenible de estos sectores en el tejido económico nacional.
La economía sumergida en Ecuador: desafíos y perspectivas
