En los pasillos del poder y en las calles de Quito y Guayaquil, un fantasma recorre el país: la deuda. No solo la oficial, esa que aparece en los titulares y en los discursos presidenciales, sino otra más escurridiza, una red de obligaciones financieras que se teje en la penumbra de los contratos estatales y las operaciones off-shore. Mientras el gobierno anuncia recortes y ajustes, un informe filtrado a este medio revela cómo ciertos grupos económicos han multiplicado su influencia a través de mecanismos que, aunque legales, dejan un regusto amargo en la boca de quienes observan el desfile de cifras.
La investigación, que tomó tres meses de trabajo con documentos bancarios, registros públicos y testimonios de exfuncionarios, muestra un patrón recurrente: empresas que ganan licitaciones millonarias luego aparecen como prestamistas del mismo Estado al que le vendieron servicios. Un círculo virtuoso para algunos, un conflicto de intereses para otros. En un caso emblemático, una constructora que obtuvo un contrato por 45 millones para una carretera en la Amazonía, meses después figura como acreedora del Ministerio de Transporte por un préstamo de 12 millones. ¿Coincidencia o estrategia? Los documentos no mienten, pero su interpretación divide aguas.
Más allá de las cifras, está el impacto humano. En Manabí, una escuela prometida hace cuatro años sigue siendo solo un plano descolorido en la municipalidad. Los fondos se desviaron, según un excontralor regional, para pagar intereses de deudas contraídas con bancos privados. Los niños siguen estudiando bajo toldos provisionales mientras las facturas se acumulan en oficinas con aire acondicionado. Esta es la otra cara de la deuda: la que no aparece en los balances pero se siente en la piel de quienes esperan servicios básicos.
El fenómeno no es exclusivo del sector público. Pequeños empresarios en Cuenca relataron cómo, tras la pandemia, cayeron en las redes de fondos de inversión que ofrecían liquidez inmediata a tasas que luego resultaron asfixiantes. "Firmé sin entender bien los detalles," confiesa María G., dueña de una panadería que ahora lucha por no cerrar. "Me dijeron que era un procedimiento estándar, pero las cláusulas estaban en letra pequeña y con términos jurídicos que nadie me explicó."
En el mundo digital, la deuda adopta nuevas formas. Apps de préstamos rápidos, muchas operando desde paraísos fiscales, han encontrado un terreno fértil en la necesidad de una población joven con acceso a smartphones pero sin educación financiera. Los casos de acoso a deudores morosos, mediante mensajes que amenazan con exponer su situación a contactos de redes sociales, se multiplican. La Superintendencia de Bancos reconoce que está sobrepasada para regular este mercado que crece en la nebulosa de internet.
¿Hay salida? Expertos consultados coinciden en que la transparencia es el primer paso. No basta con publicar números en portales gubernamentales; se necesita que esos datos sean comprensibles y accesibles. Propuestas como la creación de un registro único de deudas públicas y privadas de alto monto, o la implementación de educación financiera desde la escuela, suenan bien en el papel pero chocan con intereses establecidos. Mientras tanto, la sombra de la deuda se alarga, proyectándose sobre el futuro económico de un país que busca, entre cifras y letra pequeña, un camino hacia la sostenibilidad.
La sombra de la deuda: cómo las finanzas paralelas están reconfigurando el Ecuador
